Sobre la propuesta del PAN sobre cambiar el formato del Informe Presidencial para que lo presente por escrito el 1º de febrero de cada año para que lo estudie el Congreso durante 20 días al termino de los cuales por escrito enviará al presidente sus cuestionamientos, comentarios y sugerencias, para que el presidente comparezca en sesión solemne y responda las preguntas que se le hagan.
La intención es buena, pero como que quedan asuntos por definir.
Primero que nada hay que entender porqué el presidente va al Congreso. En 1824 se estableció que a la apertura de sesiones del Congreso, acto considerado como solemne, el presidente acudiría como invitado especial y diría unas palabras por dicho evento, al cual le contestaría el presidente del Congreso. Era un acto protocolario más. En 1857 se formalizó que no nada más fuera el presidente para atestiguar la apertura de las sesiones, sino que se aprovechara su visita para informar el estado en que se encontraba la Nación –informe que ya se venía dando pero que se hizo obligatorio al incluirse en el texto constitucional.
Cabe señalar que en todo este tiempo, el presidente también iba a la clausura de las sesiones, sin que mediara una ley que lo obligase a ello; por eso el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, apegándose al texto constitucional, dejó de asistir a las clausuras de las sesiones. Desde entonces el formato es prácticamente el mismo.
Luego entonces el presidente va al Congreso por dos razones: por un lado porqué el inicio de las sesiones ordinarias es un evento constitucional al que por puro republicanismo la asistencia de los otros dos poderes es meramente protocolaria y manifiesta (o debería de manifestar) la unión de las instituciones del país.
Por otro lado, porque el presidente debe de rendir cuentas a los representantes de la Nación por puro equilibrio de poderes y es allí donde el esquema actual del Informe Presidencial ha caducado. Por eso es viable que se quiera cambiar dicho formato y puede ser que la mecánica que se plantea para su comparecencia sea una opción que llegue a funcionar. Y como todo, seguramente es perfectible.
Lo malo de la propuesta es que es una medicina a la enfermedad de Estado que dejó el presidente Vicente Fox al no poder asistir al recinto del Congreso, que ahora el PAN quiere suministrar como paliativo antes de que el presidente Felipe Calderón se tenga que enfrentar al 1º de septiembre de 2007. En otras palabras, se da en medio de una coyuntura que obliga al cambio y cuyo resultado no será la mejor opción para el país, sino para los actores políticos de este trienio, con lo que la solución no tiene miras a largo plazo sino a la inmediata cita que se tendrá antes de que comience el próximo período de sesiones.
Como sea, ya entrados en el tema añadiría dos temas a revisar: primeramente que se plantea (nuevamente) que el presidente solamente debe de ir al Congreso para entregar y contestar el informe y al parecer se cierran canales de acercamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sería benéfico para el país que además de los dos días al año propuestos por el PAN el presidente asistiera más seguido al Congreso, aunque solamente fuera como un invitado a una apertura de sesiones en que no dijera nada. Con la sola aceptación del presidente en el recinto, el país sabría si las cosas van bien o no entre los legisladores y el presidente (como originalmente se contempló las visitas del presidente en 1824).
El otro tema sería más de forma, aunque la forma es fondo. Si el informe se entrega el 1º de febrero de cada año, se entiende que sería sobre la situación del país del año que termina, pero si el presidente dejó el poder el 30 de noviembre anterior, ¿a poco el nuevo presidente que lleva dos meses en el cargo entregaría el informe de su antecesor? Ya de por sí era criticable que el presidente rindiera su informe el 1º de septiembre y que de allí pasaran cuatro meses sin reportar al Congreso, ¿ahora como sería eso de que el presidente lo presenta en febrero para que deje el poder diez meses después?
¡Como que las fechas no checan! ¡Pareciera que solamente se busca posponer de septiembre de 2007 a febrero y marzo de 2008 una cita que Calderón tiene con el Congreso! ¡Total, para los informes del fin del sexenio le cuelga un rato en el que se pueden hacer nuevos parches al informe!
Ahora que con eso de que Fox actúa muy a la forma gringa de que se sigue llamando “presidente” y que hace su “biblioteca” a la manera de los expresidentes estadounidenses, ¿no será que el PAN también propondrá que el cambio de poderes del Ejecutivo se pase del 1º de diciembre al medio día del 20 de enero? o pero aún ¿que en vez de protestar con el brazo derecho en alto se jure con la mano sobrepuesta en la Biblia?
martes, 29 de mayo de 2007
sábado, 19 de mayo de 2007
Vicepresidencia
En seis extractos por separado, se presenta Sistema de suplencia presidencial elaborado en diciembre de 2005, vísperas del año electoral de 2006, para reflexionar sobre una pregunta que con la efervecencia política de la época se antojaba como platillo mayor para una reforma electoral: ...si faltara el presidente de la República ¿quién lo sustituiría?
Vicepresidencia I, II, III, IV, V y VI.
Esperamos sus comentarios.
Vicepresidencia I, II, III, IV, V y VI.
Esperamos sus comentarios.
lunes, 14 de mayo de 2007
El relevo presidencial de 2006
En la elección presidencial de 1929, en que resultó victorioso Pascual Ortiz Rubio del Partido Nacional Revolucionario (antecedente original del PRI), la élite política y militar posrevolucionaria se puso nerviosa con la campaña opositora del civil José Vasconcelos. En especial, porque el último candidato que había obtenido una victoria electoral para el mismo cargo, Álvaro Obregón, había sido asesinado hacía poco más de un año. Los poderosos en el poder arremetieron con asesinatos, violencia armada, robo de urnas, etcétera. El remedio fue un resultado tranquilizador de la contienda: Ortiz Rubio con 93.55% vs Vasconcelos con 5.33%.
La siguiente elección presidencial que volvería a poner nerviosa a la élite del poder mexicana fue la de 1940, entre los militares Manuel Ávila Camacho del Partido de la Revolución Mexicana (antecedente inmediato del PRI) y el disidente Juan A. Almazán. Nuevamente el aparato oficial se impuso y el resultado fue un cómodo porcentaje del victorioso: Ávila Camacho con 93.79% vs Almazán con 5.83%.
Seis años más tarde, en la contienda del Ejecutivo de 1946 entre Miguel Alemán del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Enrique Padilla, la oposición aumentaría su porcentaje de participación en las urnas. Aunque el partido oficial obtuvo un amplio margen en el resultado electoral, éste no fue como antes: Padilla alcanzó un porcentaje record que duraría muchas décadas. Con todo, al ser la primera elección ganada por un civil y realizarse inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial, junto con la caída de los regímenes militaristas de las potencias del Eje (Alemania, Italia y Japón), provocó que no se causara la incertidumbre de jornadas anteriores que se realizaban entre militares. El resultado fue: Alemán con 77.77% vs Padilla con 19.29%.
Las elecciones subsecuentes no traerían sorpresa alguna. Incluso la de 1982 fue un mero trámite al no existir un candidato postulado por el Partido Acción Nacional (PAN), institución política que poco a poco se iba convirtiendo en el opositor más importante del partido hegemónico.
La elección de 1988 causó hito en la historia electoral mexicana, cuando el candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari, se enfrentó con un disidente de su partido, Cuauhtemoc Cárdenas Solórzano, quien participó al frente de una coalición de partidos de izquierda bajo el nombre de Frente Democrático Nacional (FDN, que daría paso a la fundación del PRD). La expectación de una candidatura fuerte que competía realmente por la presidencia no tenía precedentes para los mexicanos que la vivían: era única. Las artimañas electoreras del partido oficial con todo el apoyo del poder público ahogaron las posibilidades de la disidencia cardenista, aunque alcanzaría un porcentaje de votos inédito para un candidato de oposición. Lo más grave fue la manipulación de resultados durante la jornada electoral y la caída del sistema de cómputo que mostraría la tendencia de la votación, que llevó a la oposición y a muchos mexicanos a calificar la elección como fraudulenta. El resultado de la elección nunca lo sabremos con certeza, pero las cifras oficiales se impusieron: Salinas con 50.36% vs Cárdenas con 30.88%.
En la elección del año 2000 se alcanzó la alternancia en la presidencia de la República, al obtener Vicente Fox Quezada del PAN una victoria contundente en contra de Francisco Labastida del PRI. Un hecho sin precedente en el país. Asimismo, el candidato que obtuvo el segundo lugar alcanzaba un porcentaje altísimo que solo era atribuible a que el PRI perdía la presidencia por primera vez: Fox con 42.52% vs Labastida con 36.10%
Pero en 2006 el panorama es totalmente diferente. La presidencia contendida entre el candidato del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, y el de la coalición liderada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador, quedó en un final de fotografía. Estadísticamente hablando, el resultado es un empate técnico: Calderón con 35.89% vs López Obrador con 35.31%. Y si el ambiente anterior a las precampañas fue conflictivo, si las precampañas fueron duras y si la campaña fue una guerra de descalificaciones, la poscampaña sería todo menos pacífica.
Si en el pasado a un candidato que obtenía el 5.33% de los votos se recordaba que le habían robado las elecciones a balazos, si a otro con el 30.88% le habían hurtado el triunfo con la “caída del sistema” de cómputo y demás prácticas de alquimia electoral. Con el 35.31% de los votos, a menos de un punto porcentual del triunfo, después de una campaña desgarradora ¿no habría habido fraude electoral? Ya sea la respuesta afirmativa o negativa, la inexistencia en el marco legal mexicano de una segunda vuelta electoral impide la solución de la disyuntiva actual por medio de un cause que anule cualesquier duda. A falta de esta solución, la duda subsiste y al subsistir obtiene consistencia, especialmente entre quienes apoyaron al candidato que no ganó por pequeñísimo margen.
Y entre la percepción de ganar o no una contienda electoral, independientemente del porcentaje de votos, ya fuera un 5.33% o un 35.31%, está la estabilidad de la nación o la revolución (en su sentido literal de una evolución acelerada). Quienes ganan la elección en un proceso competido, obtienen su legitimidad a través de ese mismo proceso, aunque sea por un solo voto (independientemente de cómo fue obtenido); por lo tanto, la estabilidad de la nación es directamente proporcional a la estabilidad de su gobierno. Por otro lado, quienes pierden el proceso electoral, su lucha por sus objetivos solamente puede continuar tras el final del período electoral aceptando o no su derrota. Si la aceptan, coadyuvan a la estabilidad de la nación y del gobierno en turno, obteniendo por acuerdos políticos avances paulatinos, acompañados de retrocesos, en la conquista de sus ideales y/o postulados; siempre con la esperanza de poder ganar en la siguiente elección. Si no la aceptan, solamente podrán alcanzar sus objetivos a través de la revolución, ya que el sistema electoral en que compitieron no se los puede permitir de otra forma. Su éxito entonces se circunscribe a si se podrán imponer o no por la fuerza a la nación.
México termina así el año de 2006 en vilo ante el desconocimiento de Andrés Manuel López Obrador del resultado de la elección en que compitió, bajo las reglas que él aceptó tácitamente con el solo hecho de participar. Quien participa en un proceso electoral va ha tener tarde o temprano que ganar o perder. Al desconocer su derrota en las urnas busca su victoria por medio de la imposición de su voluntad, aún en contra del estado de derecho de la nación. El resultado vendrá después, ganará imponiéndose o perderá imponiéndose el gobierno, a menos que la guerra se estanque y dure hasta la próxima elección de 2012.
(Texto original del 17 de noviembre de 2006)
La siguiente elección presidencial que volvería a poner nerviosa a la élite del poder mexicana fue la de 1940, entre los militares Manuel Ávila Camacho del Partido de la Revolución Mexicana (antecedente inmediato del PRI) y el disidente Juan A. Almazán. Nuevamente el aparato oficial se impuso y el resultado fue un cómodo porcentaje del victorioso: Ávila Camacho con 93.79% vs Almazán con 5.83%.
Seis años más tarde, en la contienda del Ejecutivo de 1946 entre Miguel Alemán del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Enrique Padilla, la oposición aumentaría su porcentaje de participación en las urnas. Aunque el partido oficial obtuvo un amplio margen en el resultado electoral, éste no fue como antes: Padilla alcanzó un porcentaje record que duraría muchas décadas. Con todo, al ser la primera elección ganada por un civil y realizarse inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial, junto con la caída de los regímenes militaristas de las potencias del Eje (Alemania, Italia y Japón), provocó que no se causara la incertidumbre de jornadas anteriores que se realizaban entre militares. El resultado fue: Alemán con 77.77% vs Padilla con 19.29%.
Las elecciones subsecuentes no traerían sorpresa alguna. Incluso la de 1982 fue un mero trámite al no existir un candidato postulado por el Partido Acción Nacional (PAN), institución política que poco a poco se iba convirtiendo en el opositor más importante del partido hegemónico.
La elección de 1988 causó hito en la historia electoral mexicana, cuando el candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari, se enfrentó con un disidente de su partido, Cuauhtemoc Cárdenas Solórzano, quien participó al frente de una coalición de partidos de izquierda bajo el nombre de Frente Democrático Nacional (FDN, que daría paso a la fundación del PRD). La expectación de una candidatura fuerte que competía realmente por la presidencia no tenía precedentes para los mexicanos que la vivían: era única. Las artimañas electoreras del partido oficial con todo el apoyo del poder público ahogaron las posibilidades de la disidencia cardenista, aunque alcanzaría un porcentaje de votos inédito para un candidato de oposición. Lo más grave fue la manipulación de resultados durante la jornada electoral y la caída del sistema de cómputo que mostraría la tendencia de la votación, que llevó a la oposición y a muchos mexicanos a calificar la elección como fraudulenta. El resultado de la elección nunca lo sabremos con certeza, pero las cifras oficiales se impusieron: Salinas con 50.36% vs Cárdenas con 30.88%.
En la elección del año 2000 se alcanzó la alternancia en la presidencia de la República, al obtener Vicente Fox Quezada del PAN una victoria contundente en contra de Francisco Labastida del PRI. Un hecho sin precedente en el país. Asimismo, el candidato que obtuvo el segundo lugar alcanzaba un porcentaje altísimo que solo era atribuible a que el PRI perdía la presidencia por primera vez: Fox con 42.52% vs Labastida con 36.10%
Pero en 2006 el panorama es totalmente diferente. La presidencia contendida entre el candidato del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, y el de la coalición liderada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador, quedó en un final de fotografía. Estadísticamente hablando, el resultado es un empate técnico: Calderón con 35.89% vs López Obrador con 35.31%. Y si el ambiente anterior a las precampañas fue conflictivo, si las precampañas fueron duras y si la campaña fue una guerra de descalificaciones, la poscampaña sería todo menos pacífica.
Si en el pasado a un candidato que obtenía el 5.33% de los votos se recordaba que le habían robado las elecciones a balazos, si a otro con el 30.88% le habían hurtado el triunfo con la “caída del sistema” de cómputo y demás prácticas de alquimia electoral. Con el 35.31% de los votos, a menos de un punto porcentual del triunfo, después de una campaña desgarradora ¿no habría habido fraude electoral? Ya sea la respuesta afirmativa o negativa, la inexistencia en el marco legal mexicano de una segunda vuelta electoral impide la solución de la disyuntiva actual por medio de un cause que anule cualesquier duda. A falta de esta solución, la duda subsiste y al subsistir obtiene consistencia, especialmente entre quienes apoyaron al candidato que no ganó por pequeñísimo margen.
Y entre la percepción de ganar o no una contienda electoral, independientemente del porcentaje de votos, ya fuera un 5.33% o un 35.31%, está la estabilidad de la nación o la revolución (en su sentido literal de una evolución acelerada). Quienes ganan la elección en un proceso competido, obtienen su legitimidad a través de ese mismo proceso, aunque sea por un solo voto (independientemente de cómo fue obtenido); por lo tanto, la estabilidad de la nación es directamente proporcional a la estabilidad de su gobierno. Por otro lado, quienes pierden el proceso electoral, su lucha por sus objetivos solamente puede continuar tras el final del período electoral aceptando o no su derrota. Si la aceptan, coadyuvan a la estabilidad de la nación y del gobierno en turno, obteniendo por acuerdos políticos avances paulatinos, acompañados de retrocesos, en la conquista de sus ideales y/o postulados; siempre con la esperanza de poder ganar en la siguiente elección. Si no la aceptan, solamente podrán alcanzar sus objetivos a través de la revolución, ya que el sistema electoral en que compitieron no se los puede permitir de otra forma. Su éxito entonces se circunscribe a si se podrán imponer o no por la fuerza a la nación.
México termina así el año de 2006 en vilo ante el desconocimiento de Andrés Manuel López Obrador del resultado de la elección en que compitió, bajo las reglas que él aceptó tácitamente con el solo hecho de participar. Quien participa en un proceso electoral va ha tener tarde o temprano que ganar o perder. Al desconocer su derrota en las urnas busca su victoria por medio de la imposición de su voluntad, aún en contra del estado de derecho de la nación. El resultado vendrá después, ganará imponiéndose o perderá imponiéndose el gobierno, a menos que la guerra se estanque y dure hasta la próxima elección de 2012.
(Texto original del 17 de noviembre de 2006)
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